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Introducción
El auge de la inteligencia artificial generativa (AGI, por sus siglas en inglés) está transformando la manera en que pensamos sobre la economía, el empleo y la distribución de la riqueza. En un escenario donde el valor generado por las máquinas podría superar ampliamente la capacidad productiva humana, surgen propuestas innovadoras para mitigar los desequilibrios sociales. Una de ellas proviene de Vinod Khosla, un influyente inversor en tecnología, quien sugiere que el gobierno de Estados Unidos adquiera el 10% de todas las empresas públicas como forma de redistribuir los beneficios de la AGI.
En este artículo exploraremos a fondo esta propuesta, sus implicaciones económicas y sociales, y cómo podría redefinir el rol del Estado en la era de la automatización avanzada. Además, examinaremos los posibles beneficios, desafíos y controversias que la rodean, así como otras ideas complementarias para enfrentar la transformación radical que se avecina.
¿Qué es la AGI y por qué preocupa?
La Inteligencia Artificial General (AGI) es un tipo de IA que, a diferencia de los modelos actuales especializados, puede realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda hacer. A medida que los modelos de IA como GPT-4o avanzan hacia niveles más altos de comprensión, razonamiento y autonomía, la posibilidad de alcanzar una AGI plenamente funcional se vuelve más real. Este progreso genera tanto entusiasmo como temor: entusiasmo por su potencial para resolver grandes problemas globales, y temor por su capacidad de reemplazar masivamente el trabajo humano.
Un estudio de McKinsey estima que hasta el 30% de las horas laborales actuales podrían automatizarse para 2030. Esto plantea preguntas urgentes sobre el empleo, la renta básica universal y la concentración de riqueza en manos de quienes poseen estas tecnologías. La propuesta de Khosla se enmarca en este contexto, planteando una solución estructural a la redistribución del valor generado por la inteligencia artificial.
La propuesta de Vinod Khosla: participación estatal del 10%
Vinod Khosla plantea que el gobierno estadounidense adquiera una participación del 10% en todas las empresas públicas. La lógica detrás de esta propuesta es simple pero poderosa: si las empresas aumentan su productividad y beneficios gracias a la AGI, entonces el Estado, y por ende la sociedad, debería ser copropietario de una parte de ese valor. Esta participación permitiría redistribuir ingresos a través de dividendos, financiar servicios públicos y amortiguar el impacto económico del desempleo tecnológico.
Según datos de Statista, el valor de mercado de las empresas listadas en el S&P 500 supera los 40 billones de dólares. Una participación del 10% representaría una fuente de ingresos sustancial para el Estado. Además, esta medida podría reducir la dependencia de los impuestos laborales y fomentar modelos fiscales más justos en una economía automatizada.
Ejemplos históricos de participación estatal en empresas
La idea de que el Estado tenga participación en empresas no es nueva. En países como Noruega, el fondo soberano del gobierno posee acciones en miles de compañías globales, financiado principalmente por ganancias del petróleo. Este fondo es utilizado para asegurar pensiones y financiar servicios sociales. Otro ejemplo es Singapur, donde el gobierno participa activamente en sectores clave a través de Temasek Holdings.
Estos casos demuestran que la participación estatal puede ser una herramienta efectiva para redistribuir riqueza y fomentar la estabilidad económica a largo plazo. Lo innovador en la propuesta de Khosla es aplicar este modelo de forma universal y como respuesta directa al avance de la AGI, convirtiéndolo en un mecanismo de justicia económica adaptado al siglo XXI.
Impacto potencial en la desigualdad económica
Uno de los principales beneficios de la propuesta de Khosla es su potencial para reducir la desigualdad. En un mundo donde las ganancias derivadas de la AGI podrían concentrarse en pocas manos —principalmente grandes corporaciones tecnológicas—, permitir que el Estado tenga una participación directa en esas ganancias ofrece una vía concreta para democratizar el acceso a la riqueza.
La desigualdad de ingresos ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Según el World Inequality Report 2022, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza. Si la AGI acelera esta tendencia, propuestas como la de Khosla se vuelven aún más urgentes. Redistribuir la riqueza generada por la automatización no solo es una cuestión de justicia social, sino también de estabilidad económica y política.
La AGI y el futuro del empleo
Una de las consecuencias más temidas de la AGI es la posible desaparición masiva de empleos. Trabajos rutinarios y analíticos, incluso aquellos considerados “profesionales”, podrían ser realizados por sistemas avanzados de IA. Esto incluye desde contabilidad y programación hasta diagnósticos médicos y redacción de textos legales. La propuesta de Khosla es una forma de anticiparse a esta disrupción, ofreciendo una red de seguridad económica a través de la participación estatal en los beneficios empresariales.
En lugar de depender únicamente del mercado laboral para distribuir ingresos, esta propuesta permite imaginar un modelo donde los ciudadanos reciben parte de la riqueza generada por las máquinas. Así, la economía se transforma de una basada en el empleo a una basada en la propiedad colectiva del capital productivo.
Dilemas éticos de la propiedad del valor creado por la AGI
¿Quién debería beneficiarse del valor creado por una AGI? Esta pregunta abre un debate ético fundamental. Si la AGI es desarrollada con recursos públicos, datos generados por ciudadanos y conocimientos acumulados por toda la humanidad, ¿es justo que solo unas pocas empresas privadas se beneficien de sus frutos? La propuesta de Khosla aporta una respuesta concreta a esta inquietud: una parte de ese valor debe pertenecer a todos.
Esta visión se alinea con principios de justicia distributiva y equidad generacional. Además, podría reforzar la legitimidad de la AGI en la sociedad, al garantizar que sus beneficios no se concentren exclusivamente en los accionistas de grandes corporaciones. La participación pública en los beneficios de la AGI se convierte así en una piedra angular para su aceptación y sostenibilidad ética.
Críticas y riesgos de la intervención estatal
No todos están de acuerdo con la propuesta de Khosla. Sus críticos argumentan que una participación estatal del 10% en todas las empresas públicas podría distorsionar el mercado, desincentivar la innovación o abrir la puerta a una excesiva politización de las decisiones corporativas. También surgen dudas sobre la eficiencia del Estado como accionista y los riesgos de corrupción o mala gestión.
Sin embargo, estos riesgos pueden ser mitigados con estructuras de gobernanza sólidas y transparentes. Fondos soberanos exitosos como los de Noruega o Nueva Zelanda han demostrado que el Estado puede ser un inversor institucional competente. La clave está en separar claramente la función política de la función de inversión.
Alternativas complementarias: renta básica y impuestos al capital
Además de la participación estatal en empresas, existen otras propuestas para enfrentar los desafíos de la AGI. La renta básica universal (RBU), por ejemplo, propone entregar un ingreso fijo a todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral. Países como Finlandia y España ya han realizado pilotos con resultados prometedores en términos de bienestar y salud mental.
Otra opción es aumentar los impuestos sobre el capital y las ganancias de empresas altamente automatizadas. Estas medidas pueden combinarse con la propuesta de Khosla para formar un sistema integral de redistribución que garantice dignidad y oportunidades en una economía post-empleo.
Beneficios macroeconómicos de la propuesta
Desde una perspectiva macroeconómica, la propuesta de Khosla podría tener efectos estabilizadores. Al garantizar una fuente de ingresos recurrentes al Estado, se reduce la presión sobre la deuda pública y se amplía el margen fiscal para invertir en salud, educación y tecnología. Además, al redistribuir el ingreso, se sostiene la demanda agregada en una economía donde el consumo privado podría verse afectado por el desempleo tecnológico.
En otras palabras, compartir el valor de la AGI con toda la sociedad no solo es éticamente deseable, sino también económicamente racional. Esta redistribución puede actuar como un amortiguador ante futuras crisis económicas provocadas por disrupciones tecnológicas.
Implementación y viabilidad política
Implementar una medida tan ambiciosa como la que propone Khosla requeriría una reforma legislativa profunda y probablemente un amplio consenso político. También sería necesario definir si la participación estatal sería adquirida a través de nuevas emisiones de acciones, compra en el mercado secundario o impuestos específicos. La transparencia y la rendición de cuentas serían clave para mantener la confianza pública.
Si bien la propuesta puede parecer radical, encaja dentro de una tendencia global hacia una mayor intervención del Estado en la economía digital. La pandemia de COVID-19 ya demostró la importancia de la inversión pública en sectores estratégicos. La AGI podría acelerar aún más este cambio paradigmático.
Conclusión: hacia una nueva arquitectura económica
La llegada de la AGI representa una oportunidad sin precedentes para repensar las bases de nuestra economía. La propuesta de Vinod Khosla de que el gobierno adquiera un 10% de las empresas públicas es una de las ideas más audaces en este nuevo panorama. Su objetivo no es solo mitigar los efectos negativos de la automatización, sino construir una economía más inclusiva, resiliente y sostenible.
Si la riqueza futura será generada en gran parte por máquinas, debemos establecer mecanismos claros para que sus beneficios sean compartidos ampliamente. La participación pública en los dividendos de la AGI podría ser el primer paso hacia un contrato social adaptado a la era digital. Es hora de abrir el debate y explorar soluciones que estén a la altura del desafío.
