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Introducción
La creciente penetración de tecnologías de vigilancia digital ha impulsado un debate urgente sobre los límites éticos y legales del espionaje comercial. El caso reciente de Scott Zuckerman, ex CEO de SpyFone, quien ha solicitado el levantamiento de una prohibición impuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC), reaviva preocupaciones sobre la responsabilidad empresarial, la protección de datos personales y el rol del Estado en la regulación de tecnologías que pueden ser explotadas con fines abusivos. En este artículo exploramos a fondo el contexto, las implicaciones legales, los desafíos técnicos y las posibles rutas de acción frente al uso de aplicaciones consideradas «stalkerware».
El Auge del Stalkerware
El término «stalkerware» se refiere a aplicaciones diseñadas para monitorear dispositivos móviles sin el conocimiento o consentimiento del usuario. Estas herramientas permiten acceder a mensajes, ubicaciones, llamadas y otros datos privados, y han sido utilizadas frecuentemente en contextos de abuso doméstico y acoso. Según un informe de la Coalición contra el Stalkerware, en 2021 se detectó un aumento del 63% en el uso de estas aplicaciones a nivel global.
Un ejemplo alarmante es el de SpyFone, la aplicación desarrollada por Scott Zuckerman. Esta herramienta permitía a los usuarios instalar software espía en dispositivos de terceros, recolectando información sin alertar al propietario del dispositivo. La FTC intervino tras una filtración masiva de datos que dejó expuestos los datos de miles de víctimas, incluyendo fotos, mensajes y ubicaciones en tiempo real.
La proliferación de estas aplicaciones ha generado una respuesta coordinada de organizaciones civiles, tecnológicas y gubernamentales. Sin embargo, el marco legal aún presenta vacíos que permiten su reaparición bajo nuevos nombres o marcas.
La Decisión de la FTC en 2021
En septiembre de 2021, la Comisión Federal de Comercio (FTC) emitió una orden histórica que prohibía a Scott Zuckerman y a su empresa, Support King, participar en la industria de vigilancia digital. La medida fue consecuencia de una investigación que reveló múltiples violaciones, incluyendo la falta de consentimiento del usuario y una brecha de seguridad que expuso información sensible a terceros.
La orden incluía medidas estrictas: auditorías de seguridad cada dos años, eliminación completa de los datos recolectados ilegalmente y la prohibición de operar cualquier nuevo servicio de vigilancia. Esta acción marcó un precedente regulatorio importante, siendo la primera vez que la FTC aplicaba sanciones de esta magnitud contra un proveedor de stalkerware.
La decisión fue celebrada por defensores de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que consideraron la medida como un paso necesario para proteger a las víctimas de vigilancia no consensuada.
Violación de la Orden Judicial
Menos de un año después de la prohibición, se descubrió que Zuckerman estaba vinculado a una nueva aplicación de vigilancia llamada SpyTrac. Investigaciones periodísticas revelaron que los servidores de SpyTrac contenían datos residuales de SpyFone, y que las operaciones estaban indirectamente relacionadas con Support King.
Esta reincidencia no solo violó la orden judicial de la FTC, sino que también expuso nuevamente a miles de personas a riesgos de seguridad y privacidad. La filtración de datos en 2022 fue similar a la de 2021, lo que sugiere una negligencia sistemática en el manejo de información sensible.
Eva Galperin, directora de ciberseguridad en EFF, señaló que esta conducta demuestra que Zuckerman «ignoró deliberadamente la restricción legal» y continuó operando bajo nuevas fachadas para evadir la regulación.
La Nueva Petición de Zuckerman
En 2024, Zuckerman presentó una solicitud formal a la FTC para levantar o modificar la orden de 2021. Argumenta que las restricciones actuales representan una carga financiera desproporcionada, especialmente para sus negocios en sectores no relacionados, como la hostelería y el turismo.
La petición propone dos alternativas: eliminar completamente la prohibición o modificarla para eliminar los requisitos de auditorías y reportes. Zuckerman apela a la nueva mayoría republicana en la FTC, señalando que la política actual debería permitir mayor flexibilidad empresarial.
Sin embargo, la petición omite cualquier mención a los incumplimientos documentados y las filtraciones recientes, lo que ha generado fuertes críticas en círculos legales y tecnológicos.
Reacción de la Comunidad de Seguridad
La comunidad de ciberseguridad ha respondido con firmeza en contra de la petición de Zuckerman. Eva Galperin y otros expertos argumentan que levantar la prohibición abriría la puerta para que el empresario reinicie operaciones similares, con los mismos riesgos para la privacidad individual.
Además, destacan que las auditorías y reportes no son una carga innecesaria, sino mecanismos mínimos de control ante un historial probado de incumplimiento. La EFF y otras organizaciones han emitido comunicados urgentes solicitando a la ciudadanía enviar comentarios a la FTC antes del 19 de agosto de 2025.
Esta oposición refleja un consenso técnico: la vigilancia sin consentimiento no solo es una violación ética, sino también una amenaza estructural a la seguridad digital.
Contexto Político y Regulador
El contexto político actual añade una capa de complejidad al caso. Tras la salida forzada e ilegal de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter durante la administración Trump, la FTC cuenta ahora con mayoría republicana. Esta configuración genera temores sobre posibles decisiones influenciadas por intereses corporativos.
La política de desregulación ha ganado tracción en algunas agencias federales, con argumentos centrados en la competitividad empresarial y la innovación. Sin embargo, críticos señalan que esta postura puede debilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La decisión sobre la petición de Zuckerman podría sentar un precedente que afecte futuras regulaciones sobre software espía, tanto en EE.UU. como a nivel internacional.
Impacto en las Víctimas
Las aplicaciones stalkerware afectan principalmente a mujeres, menores y personas en situaciones de vulnerabilidad. Un estudio de NortonLifeLock reveló que el 85% de las víctimas desconocía que estaba siendo vigilada. Las consecuencias pueden ser graves: desde acoso persistente hasta violencia física.
En EE.UU., algunas jurisdicciones han comenzado a considerar el uso de estas herramientas como parte de crímenes de acoso. Por ejemplo, en California, el Código Penal §646.9 permite a las víctimas presentar cargos legales contra quienes las vigilan sin consentimiento.
El caso de Zuckerman no es solo un tema legal o empresarial: representa una amenaza directa a la seguridad de miles de personas. Por ello, mantener las restricciones impuestas por la FTC es una medida de protección básica.
Vacíos Legales y Necesidad de Reformas
A diferencia de la Unión Europea, donde el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece normas claras sobre consentimiento y tratamiento de datos, EE.UU. carece de una legislación federal unificada sobre privacidad digital.
Esto permite que desarrolladores de stalkerware resurjan bajo nuevos nombres o estructuras empresariales. La falta de una definición legal de «stalkerware» complica la persecución judicial y deja a las víctimas desprotegidas.
Expertos legales abogan por la creación de un marco legislativo que tipifique el uso de software espía sin consentimiento como delito federal, cerrando así los vacíos actuales que permiten su proliferación.
Tecnologías de Detección y Prevención
Existen herramientas desarrolladas para ayudar a las personas a detectar software espía en sus dispositivos. Aplicaciones como Exodus (Android) y Lockdown (iOS) analizan apps instaladas en busca de comportamientos sospechosos.
Estas soluciones, sin embargo, requieren cierto conocimiento técnico por parte del usuario, lo que limita su efectividad en poblaciones vulnerables. Además, los desarrolladores de stalkerware están constantemente actualizando sus métodos para evadir la detección.
La tecnología de defensa debe ir acompañada de educación digital accesible y campañas de concienciación para empoderar a las víctimas y prevenir nuevas instalaciones.
El Rol de la Sociedad Civil
Organizaciones como Access Now, EFF y Privacy International desempeñan un papel crucial en la vigilancia de casos como el de Zuckerman. Estas entidades no solo ofrecen asistencia legal gratuita, sino que también presionan a las autoridades para mantener altos estándares de protección.
La participación ciudadana también es clave. La FTC ha abierto un período de comentarios públicos hasta el 19 de agosto de 2025, permitiendo que cualquier persona u organización comparta su opinión sobre la petición de Zuckerman.
Este tipo de participación fortalece la transparencia institucional y puede influir de manera significativa en decisiones regulatorias.
Conclusión y Recomendaciones Finales
El intento de Scott Zuckerman por eliminar las restricciones impuestas en 2021 representa una amenaza directa a la privacidad digital. Su historial de conductas negligentes y reincidentes demuestra que las medidas actuales no solo son justificadas, sino necesarias para proteger a potenciales víctimas.
Recomendamos que la FTC mantenga la prohibición original, refuerce los mecanismos de auditoría y colabore con el Congreso para establecer una legislación federal clara contra el uso de stalkerware. A su vez, instamos a la ciudadanía a enviar sus comentarios a la FTC y apoyar a organizaciones que luchan por los derechos digitales.
La vigilancia sin consentimiento no es innovación tecnológica: es una violación de la dignidad humana. Su regulación no puede ceder ante intereses económicos particulares.
